La Iglesia rechaza la disolución del Fondo para Víctimas de Trata y cuestiona al Gobierno
La Conferencia Episcopal Argentina expresó su preocupación por la decisión del Gobierno de disolver el Fondo de Asistencia a las Víctimas de Trata, destacando su importancia en la reparación del daño causado por estos delitos.
La Conferencia Episcopal Argentina (CEA) criticó enérgicamente la decisión del Gobierno de Javier Milei de disolver el Fondo de Asistencia Directa a las Víctimas de Trata de Personas, creado por la Ley 27.508 en 2019. La medida, oficializada esta semana, generó un amplio rechazo de diversos sectores, incluidos organismos vinculados a los derechos humanos.
En un comunicado, la CEA, encabezada por el obispo Oscar Ojea, manifestó su «profunda preocupación» por la eliminación de un fondo que calificaron como una herramienta clave para asistir a las víctimas de trata. Según el comunicado, el fondo no requería recursos del erario público, ya que su financiamiento provenía de bienes decomisados en causas relacionadas con delitos de trata y explotación de personas, así como de lavado de activos.
«La eliminación de este fondo afecta directamente a quienes han sufrido estos delitos atroces, dejando sin una fuente específica de reparación y asistencia», subrayó la Iglesia.
El Fondo de Asistencia fue diseñado para canalizar los recursos obtenidos de bienes confiscados en procesos judiciales hacia la reparación del daño causado a las víctimas. En octubre de 2021, se firmó un contrato con BICE Fideicomisos S.A. para su administración, marcando un avance significativo en la lucha contra la trata de personas.
La eliminación de este fondo forma parte de una decisión más amplia del Gobierno, que incluyó también la disolución de otros programas, como el Fondo para el Desarrollo de Capital Emprendedor (FONDCE), el Programa de Inversiones Estratégicas, y el Programa para Incrementar la Competitividad del Sector Azucarero del NOA (PROICSA).
Organizaciones de derechos humanos y representantes de sectores afectados han expresado su preocupación por las implicancias de estas medidas, señalando que podrían debilitar los mecanismos de asistencia y desarrollo en áreas sensibles.
La decisión del Ejecutivo se enmarca en un plan de reestructuración del gasto público y de simplificación administrativa. Sin embargo, críticos argumentan que esta estrategia no debería comprometer programas que protegen a sectores vulnerables.
La disolución del Fondo de Asistencia a las Víctimas de Trata plantea interrogantes sobre las prioridades gubernamentales en la protección de los derechos humanos. Mientras tanto, la Iglesia y otros actores sociales continúan exigiendo que se revierta la medida y se garantice el apoyo a las víctimas de uno de los crímenes más graves y deshumanizantes.
