El gobierno analiza cerrar 50 dependencias de la Anses y despedir a 1900 trabajadores
Entre marzo y abril, el Gobierno argentino decidió cerrar cincuenta oficinas de atención al público de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) en diversas jurisdicciones del país. Estas Unidades de Atención Integral (UDAI) permitían a las personas gestionar prestaciones sociales como la Asignación Universal por Hijo (AUH), salarios familiares, becas Progresar, jubilaciones, entre otros.
El cierre de estas oficinas ha dejado a muchas comunidades, especialmente en pueblos del interior, sin acceso a servicios de atención al público a menos de 50 kilómetros de distancia. Esto obliga a los ciudadanos a trasladarse a pueblos vecinos, recorriendo más de 100 kilómetros para realizar trámites, lo que además concentra y colapsa la atención en las oficinas restantes.
Se avecina una nueva ola de cierres de oficinas y despidos. Un listado elaborado por pedido de Mariano De Los Heros, titular de la ANSES, propone el cierre de otras 49 oficinas. Las regiones más afectadas incluyen la Provincia de Buenos Aires y el noroeste argentino, así como dependencias en La Patagonia, el Litoral y la zona centro del país.
La ANSES actualmente cuenta con una planta de 13,000 trabajadores. Según estimaciones de los gremios, el cierre de estas dependencias resultaría en un recorte superior al 15% del staff, afectando aproximadamente a 1,900 empleados.
Los gremios y las comunidades afectadas expresan su preocupación por el impacto negativo que esta medida tendrá en el acceso a los servicios sociales y en la economía local. Los despidos masivos y el cierre de oficinas no solo afectan a los trabajadores directamente involucrados, sino que también dificultan el acceso a servicios esenciales para los ciudadanos, especialmente en áreas rurales y de difícil acceso.
El análisis del Gobierno para cerrar más oficinas de ANSES y despedir a una parte significativa de su personal plantea serias preocupaciones sobre el acceso a servicios sociales críticos y la estabilidad laboral de miles de trabajadores. Las regiones más afectadas se enfrentan a un desafío considerable, ya que los ciudadanos deberán recorrer largas distancias para realizar trámites básicos, lo que podría colapsar las oficinas restantes y afectar la calidad de los servicios prestados.
